De esta forma, ambas entidades lamentan que en los Presupuestos Generales para este ejercicio 2016, y concretamente en las partidas del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), se hayan vuelto a obviar las necesidades del colectivo de personas con Discapacidad por trastorno mental grave, quedando la partida específica congelada, inamovible y estancada.

 

Desde hace años, Feafes Extremadura viene demandando la precariedad y la escasez de financiación y apoyo para el colectivo de personas con trastorno mental grave en nuestra región. “Se hizo en la anterior legislatura y lo seguimos haciendo en la actualidad, cuando sólo días atrás nos hemos reunido con los grupos con representación parlamentaria en Extremadura y sin excepción, han reconocido abiertamente el olvido sistemático de los poderes públicos y la necesidad apremiante de cambiar esta situación”, denuncia la Federación.

 

A día de hoy, en los presupuestos de 2016 se prevé un aumento de cuatro millones de euros de las partidas del SEPAD, cuantía insuficiente para cubrir las necesidades reales de las personas dependientes en Extremadura.

 

Sin embargo,  a juicio de ambas entidades, lo que es inadmisible y está fuera de toda razón que en este aumento  no se haya previsto ni contemplado ninguna mejora para las personas con trastorno mental grave y sus programas dependientes del SEPAD.

 

Estos programas siguen funcionando con base en una orden de subvención de concurrencia competitiva que no garantiza ni da continuidad a los servicios de atención directa que se ofrece a las personas con Discapacidad por problemas de salud mental. Estos mal considerados “Programas” por el SEPAD, siendo en realidad Servicios y centros, se mantienen sin garantías ni seguridad; Hablamos de  Pisos supervisados (abiertos 365 días de manera continuada), Programas de Rehabilitación Laboral y Ocupacional y centros de inserción social.

 

Si todos los grupos políticos sin excepción, quienes gobiernan y no gobiernan, son conocedores de la precaria situación de las personas con trastorno mental grave en esta región y si todos reconocen abiertamente este hecho, todos igualmente son responsables de este grupo de ciudadanos y ciudadanas extremeñas, que por el hecho de padecer un trastorno mental se les relega al olvido.

 

Las personas con trastorno mental grave son ciudadanos de pleno derecho. Esta federación regional lamenta que en Extremadura no exista aún política social ni representantes políticos que actúen coherentemente para con la Salud Mental y se plantea la necesidad de llevar a cabo acciones sociales que informen a la ciudadanía sobre este trato discriminatorio y que requiere de una intervención pública e institucional equitativa.